Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)
A partir de 1958 se
instauró en Venezuela un orden pluralista, caracterizado como el sistema
populista de conciliación de élites, (Rey), o como la democracia
puntofijista en alusión al Pacto de Punto Fijo suscrito en octubre de 1958
por los partidos AD, COPEI y URD. En sus primeras décadas, este orden dio lugar
a la estabilidad política, al consenso interélites, a la alternabilidad
democrática y a la incorporación de la población a los beneficios
socioeconómicos del modelo de desarrollo. No obstante, desde finales de los años 80 el país entró en una etapa de
inestabilidad, tensiones y cambios, tanto en el ámbito socioeconómico como en
el político e institucional, que se ha prolongado hasta el presente. Los
últimos años de esta fase, correspondientes al período presidencial de Hugo
Chávez (1999-2003), han estado marcados por la confrontación y el conflicto
provocado por el intento de “refundar la República”, a partir de la
implantación de reglas, instituciones y actores distintos e incluso
contrapuestos a aquellos que articularon a la sociedad venezolana a partir de
1958.
Las tensiones y cambios
experimentados por la sociedad venezolana se expresaron consistentemente en comportamientos y resultados electorales.
Desde 1958 hasta el presente e Venezuela ha habido 20 procesos comiciales de
carácter nacional.[2]
En este trabajo trataremos de mostrar la manera en que los procesos comiciales
ocurridos entre 1998 y 2000 sirvieron para expresar las preferencias colectivas
y reflejaron los cambios que se fueron operando en las mismas, y hasta qué
punto los mecanismos de representación existentes tradujeron adecuadamente
dichas preferencias y sus cambios. Pero también examinaremos las enormes
dificultades que está confrontando la sociedad venezolana en la actualidad,
para volver a traducir adecuadamente sus preferencias a través de mecanismos
electorales, que permitan adecuar los cambios en el ánimo colectivo en nuevas
correlaciones de fuerza, más cónsonas con las actuales preferencias, luego de 5
años de ejercicio gubernamental del presidente Chávez y de su coalición. Esos
esfuerzos se han expresado recientemente en la promoción del referendo
revocatorio presidencial como mecanismo institucional para promover la salida
de Chávez del poder.
Partimos del supuesto de que un
ajuste apropiado entre las preferencias colectivas y las autoridades electas y
sus decisiones se produce una mayor satisfacción con el sistema político y sus
productos; por el contrario, si dicha relación se distorsiona o los esquemas de
representación no son capaces de recoger con fidelidad las preferencias y
expectativas colectivas, se produce una desafección respecto del sistema
político y el rechazo a su liderazgo. En las páginas que siguen examinaremos
esta dinámica a la luz de los resultados de la variedad de comicios ocurridos
entre 1989 y el año 2000, y los intentos por activar salidas electorales entre
los años 2002 y 2003.
II. Las
elecciones de 1998, el ascenso de Chávez y el desplazamiento del liderazgo
tradicional [3]
En materia
político-electoral el año 1998 se caracterizó por la ocurrencia de situaciones inéditas
y por importantes transformaciones en la organización de los comicios, en la
dinámica partidista y de las candidaturas del proceso electoral y en los resultados que emergieron del mismo.
Uno de los cambios más
importantes fue la conformación del llamado Polo Patriótico, alianza partidista
estructurada en torno a la candidatura de Hugo Chávez. Como es bien conocido,
el ingreso de Chávez al escenario público venezolano ocurrió a raíz del
fracasado intento golpista del 4 de febrero de 1992. Si bien la asonada no
logró sus objetivos desde el punto de vista militar, derivó en un éxito
político para sus principales promotores, que rápidamente despertaron simpatías
entre la población desencantada con el pobre rendimiento económico del país,
acumulado desde inicios del los años 80 y con las carencias del liderazgo
tradicional, tanto en el ámbito partidista, como en otras áreas del acontecer
nacional. Los principales líderes del movimiento insurgente, los oficiales
activos Hugo Chávez, Frías, Francisco Javier Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández
y Joel Acosta Chirinos fueron juzgados y sentenciados a prisión, junto con un
numeroso grupo de oficiales que participaron en la intentona.
A inicios del año
1994, bajo la presidencia de Caldera, los insurgentes fueron sobreseídos y
dados de baja de las Fuerzas Armadas. Mientras que Arias Cárdenas y otros
dirigentes optaron por participar en la vida democrática, al punto Arias
incursionó exitosamente como candidato a gobernador en el estado Zulia en los
comicios de 1995, logrando la victoria con el apoyo de LCR, Chávez se mantuvo
en la línea de la abstención. No obstante hacia mediados de 1997 cambió su
estrategia política, se asoció con diversas individualidades y organizaciones
civiles y optó por la vía electoral. Se estructuró y legalizó el partido
Movimiento Quinta República (MVR) y se inició su consistente ascenso en las
encuestas de opinión pública. El Polo Patriótico agrupó al naciente partido MVR
y a organizaciones tradicionales como el MAS, PCV, MEP y otros grupos como el
Patria para Todos (PPT) y cuatro pequeñas agrupaciones.[4]
El partido Copei
eligió como candidata presidencial a una independiente, Irene Sáez, ex Miss
Universo y exitosa alcaldesa de Chacao, quien ostentaba altos niveles de
popularidad en las encuestas pre-electorales. AD seleccionó a su máximo
dirigente partidista y Secretario General Alfaro Ucero, cuyas primeras
incursiones en la vida política nacional databan de los años 40. El recién
formado partido Proyecto Venezuela, expresión nacional del partido regional
Proyecto Carabobo, designó a Henrique Salas Romer como su candidato
presidencial, exitoso ex gobernador del estado Carabobo. La Causa R
inicialmente apoyó a Irene Sáez, y luego resolvió lanzar su propia candidatura
con Alfredo Ramos. Se postularon 16 candidatos presidenciales, pero entre
renuncias y otras eventualidades la lista se redujo a 11. A diferencia de los comicios previos, el
cuadro de candidaturas reflejaba la prominencia de individualidades
provenientes de organizaciones no tradicionales o independientes de los
partidos políticos.
El área propiamente
electoral también experimentó cambios significativos. En diciembre de 1997 se
promulgó la Lospp, en la cual se introdujeron importantes innovaciones. Entre las más destacadas se
cuenta la automatización del proceso electoral, en las fases de votación,
escrutinio, totalización y adjudicación.
La despartidización de los organismos electorales, a partir de la incorporación
de ciudadanos independientes como autoridades del organismo central, el Consejo
Nacional Electoral (CNE), y la selección por sorteo de los miembros de las juntas electorales
estadales y municipales y las mesas de votación. La consagración del derecho al
sufragio de los venezolanos residentes en el exterior y la inclusión del
referendo consultivo para materias de alcance nacional.
Debido
a la coincidencia de las elecciones nacionales y regionales en diciembre de
1998, el Congreso resolvió en mayo de 1998 separar los comicios. Se decidió que
las elecciones del Congreso,
gobernadores y asambleas legislativas de los estados tuvieran lugar en
noviembre de 1998 y las presidenciales en diciembre de 1998, dejando para el
segundo semestre de 1999 la elección de los concejos municipales y juntas
parroquiales.
Diversos
sectores políticos e institucionales, incluyendo la directiva del CNE, abogaron
a favor de la separación de las elecciones. El principal argumento era la
necesidad de preservar la autonomía y visibilidad de la elección regional, en
sintonía con el proceso de descentralización. Se argumentaba que el influjo de
las elecciones nacionales sobre las demás, particularmente de la presidencial,
le restaría independencia y relevancia a los comicios regionales. Se destacó
que la profusión de opciones y candidaturas confundiría al elector,
impidiéndole una escogencia bien
informada y reflexiva. También se planteó que la organización del proceso
comicial y el acto de votación en elecciones conjuntas se dificultarían tanto
que podrían afectar su viabilidad. Aceptada la necesidad de la separación de
los comicios, el orden en que estas debían ocurrir generó ásperas
polémicas.
El
esquema propuesto en el Congreso obedeció al interés de los partidos dominantes
de asegurar posiciones de poder en el ámbito parlamentario y regional frente a
la creciente consolidación y ascenso de la candidatura de Chávez, que percibían
como peligrosa para la estabilidad y permanencia del orden democrático, y para
su propia supervivencia. Se pensaba que si la elección presidencial tenía lugar
primero, una intención de voto favorable a Chávez, como consecuencia del
llamado “efecto portaviones”,
determinaría la escogencia de los representantes al parlamento y a los
gobiernos regionales, generando en toda la estructura político-administrativa una
correlación de fuerzas favorable a la misma. Por el contrario, se argumentaba
que si los comicios parlamentarios y regionales ocurrían en primer lugar, el
votante estaría en mejores condiciones para
diferenciarlos de la elección presidencial y para apoyar a los liderazgos locales y parlamentarios de manera
más autónoma. Diversos sectores políticos y de la opinión pública cuestionaron
este esquema por considerarlo ventajista, sin embargo así fue aprobado y llevado
a cabo. Así, por primera vez en la historia comicial del país desde 1958, tuvo
lugar una elección presidencial aislada del resto y hubo dos elecciones en un
mismo año.
Las
vicisitudes de la dinámica político-electoral y de la campaña condujeron a
otras situaciones inéditas y dramáticas. Faltando muy pocos días para la
realización de la elección presidencial, los partidos AD y Copei le retiraron
el soporte a sus respectivos candidatos y apoyaron a Salas Romer, contra quien
se habían opuesto acerbamente hasta pocas semanas antes. Todo ello generó gran
confusión e irritación en el electorado, el cual se volcó a favor de la
candidatura de Chávez. Así, nuevamente por primera vez desde 1958, los grandes
partidos tradicionales se presentaron a la contienda sin candidato propio y le
endosaron sus votos a un candidato ajeno.
Los
acomodos del cronograma electoral, las decisiones iniciales acerca de las
candidaturas y los cambios de última hora, fueron una expresión vívida del estado de confusión y de
decaimiento en que se encontraban las organizaciones partidistas tradicionales
y, por otro lado, del significativo reto
que les plantearon las opciones emergentes. En los sondeos de opinión se fue
consolidando un apoyo consistente a las organizaciones y candidatos que
representaban una ruptura con el pasado. No obstante, hay que destacar que las
innovaciones introducidas en la ley del sufragio vigente y que se pusieron en
marcha en los comicios de 1998 expresaban tendencias también presentes entre
porciones de ese liderazgo, y que apuntaban hacia el refrescamiento de las
reglas electorales y la actualización institucional del país.
Al examinar los
resultados de las elecciones legislativas de noviembre de 1998 destacan varios
aspectos. Por un lado, el rápido crecimiento y “posicionamiento” de los
partidos PV y sobre todo MVR, que por primera vez participaban en la
competencia electoral nacional. Otro rasgo fue la nueva reducción del volumen
sumado de votos y de escaños de los partidos AD y COPEI, fenómeno que había
ocurrido con fuerza en las elecciones de 1993. Esta vez ambas agrupaciones
concentraron el 36,1% de los votos lista a la cámara de diputados, aunque por
efecto del sistema electoral alcanzan el 43,5% de los puestos. Se evidenció en esos
comicios la fragilidad de la implantación de los partidos LCR y Convergencia
que habían obtenido altas votaciones en 1993 y que disminuyeron severamente su
caudal electoral 5 años después, aunque parte de la votación de LCR se dirigió
hacia los candidatos del PPT, partido que resultó de una escisión de LCR. Por
último, el MAS logró una votación algo
inferior a la obtenida en 1993, con lo que su vinculación con el Polo
Patriótico no incrementó su caudal electoral.
La votación para elegir a los
representantes de la cámara de diputados de los partidos muestra cambios
importantes en las preferencias de los electores. La votación sumada de AD y
Copei alcanzó el 36% del total, mientras
que los votos combinados de MVR, 19,9%, y PV, 10,4%, los nuevos partidos con
votación significativa de esta contienda, superaron ligeramente el 30% del
total. Si bien estos porcentajes no se tradujeron exactamente en la
distribución de escaños dentro del Congreso, sí se observa cómo las fuerzas
emergentes siguen desplazando a las tradicionales, produciéndose así un
resultado semejante al de 1993, aunque con diferentes partidos nuevos. Ello nos
lleva a llamar la atención sobre un rasgo muy destacado por Molina (2001), como
es el de la volatilidad del electorado y la desalineación partidista, que
provocaron el surgimiento de una sistema multipartidista inestable de difícil
consolidación, a diferencia del bipartidismo estable que caracterizó la
dinámica partidista desde 1973 hasta 1988.
Y desde luego, insistir en la ratificación de la tendencia al desalojo y
sustitución de los partidos tradicionales por fuerzas emergentes.
En la elección de gobernadores
también ocurrió una nueva alineación de fuerzas. De un total de 23
gobernaciones (se agregó el recién creado estado Vargas), los candidatos del
partido AD triunfaron en 8 estados y los de Copei en 4 y en alianza entre ambos
en 1 estado. Los partidos asociados al Polo Patriótico triunfaron 7 gobernaciones, correspondiéndole 1 al MVR,
3 al MAS, 3 al PPT. Por su parte PV repitió su victoria en Carabobo,
Convergencia se mantuvo en Yaracuy y en el Zulia ganó nuevamente Arias
Cárdenas, apoyado por una amplia alianza que incluyó al MVR, Copei, LCR y al partido IRENE.
De ambos grupos de resultados
electorales emergió un nuevo panorama político-electoral, en el que compartían
posiciones de poder de manera relativamente equilibrada los partidos
tradicionales y los grupos emergentes, destacando el rápido crecimiento de los
últimos, así como el sensible debilitamiento de las opciones que en 1993
tuvieron ese carácter, los partidos Convergencia y LCR. Los resultados de las
elecciones de noviembre de 1998 también muestran que en las regiones más
pobladas ganaron posiciones las nuevas fuerzas en detrimento de las
tradicionales. Si bien estos resultados no fueron concluyentes en términos de
la implantación definitiva del Polo Patriótico o del desplazamiento definitivo
de los partidos tradicionales, anunciaron un cambio en la correlación de
fuerzas y alertaron a los sectores tradicionales acerca de la implantación
de Chávez y de su coalición.
Las elecciones presidenciales de diciembre de 1998
Los evidentes avances del Polo
Patriótico, la limitada votación del partido PV, el sólido apoyo a la
candidatura de Chávez reflejada en los diversos sondeos de opinión, el
decaimiento de la candidatura de Irene Sáez, la falta de arraigo de Alfaro
Ucero, la marcada polarización del ambiente político-electoral generaron una
dinámica muy particular entre las elecciones de noviembre y las de diciembre de
1998. Los partidos AD y Copei resolvieron retirar su respaldo a sus respectivos
candidatos y apoyar la candidatura de Salas Romer. El cálculo fue que la
votación sumada de los partidos y candidatos asociados con esas agrupaciones
superaría a la de Chávez. Si bien en términos aritméticos había elementos de
juicio para llegar a esa conclusión, la realidad produjo un resultado muy
diferente.
No obstante, la decisión de última
hora de apoyar a Salas Romer, crítico severo del bipartidismo de AD y Copei, contra
quien estos partidos se habían enfrentado hasta con mayor fuerza que contra el
propio Chávez, generó un sentimiento de desconcierto y rechazo en la población,
que se volcó a votar a favor de Chávez. Igualmente, el incremento de la
votación entre uno y otro proceso, al bajar la abstención del 46% al 37%, fue absorbido mayoritariamente por Chávez.
Finalmente resultó una contienda
altamente polarizada en la que los 2 candidatos más votados, ambos
representantes de sectores emergentes, obtuvieron el 96,17% de los votos. Al
igual que en las elecciones de 1993, las preferencias de los electores se
orientaron tempranamente a favorecer a las opciones más cuestionadotas del status
quo, prevaleciendo el candidato con el discurso y prácticas más radicales,
Chávez Frías. Aquel 52, 41% del electorado que en 1993 votó a favor de los
candidatos anti-sistema, en 1998 se volcó hacia Chávez, quien obtuvo el 56,2%
de los votos, proveniente de 3.673.685 electores, equivalente al 33,43% de los
electores inscritos[5].
Frente a estos resultados
electorales caben varias consideraciones. Una de ellas es preguntarse si la
estrategia diseñada por los partidos tradicionales de separar las elecciones
colocando en primer lugar los comicios parlamentarios y regionales produjo los efectos
esperados. El objetivo de preservar la autonomía de las elecciones regionales y
parlamentarias y promover de ese modo la votación a favor de los liderazgos,
tradicionales o no, en dichos ámbitos, se logró. Probablemente, la polarización
de las preferencias en torno a la elección presidencial sí hubiese desdibujado
la naturaleza de los comicios regionales y reducido las oportunidades de los
líderes regionales asociados con organizaciones tradicionales, de modo que
aunque el clima político general influyó sobre los resultados electorales, no
los desnaturalizó por completo. No obstante, la estrategia adoptada no fue
eficaz para detener el avance de la candidatura de Chávez, menos aún luego del
confuso episodio del retiro del apoyo partidista a las candidaturas de Alfaro
Ucero y de Irene Sáez.
La realidad sociológica del cambio
de las preferencias electorales, la nueva volatilidad del electorado y el
desplazamiento del apoyo al binomio AD-Copei, el surgimiento de nuevos actores
y del atractivo generado por opciones enfrentadas al status quo eran
rasgos que estaban firmemente arraigados en el nuevo comportamiento electoral
del venezolano, y venían expresándose consistentemente a lo largo de los años
90. En ese contexto, las maniobras político-electorales de última hora tuvieron
un alcance limitado, e incluso un efecto contraproducente.
II. La “refundación de la República” y el proceso constituyente[6]
El claro triunfo electoral de Chávez
y de sus aliados trajo cambios rápidos en la dinámica sociopolítica. Las
fuerzas emergentes accedieron al gobierno con un proyecto de poder madurado
durante varios lustros, desde sus tiempos conspirativos dentro de las Fuerzas
Armadas. La realización de una Asamblea Constituyente para “refundar la
República” fue la principal promesa electoral de Chávez y de su coalición, y
apenas llegados al poder se activaron los mecanismos para su convocatoria. Ya
para el 19 de enero de 1999, en respuesta a dos recursos de interpretación, la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había pronunciado favorablemente en torno a
la posibilidad de utilizar el referendo consultivo previsto en la ley del
sufragio vigente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aun
cuando dicha figura no existía en la Constitución de 1961. El mismo día de la
toma de posesión, el 2 de febrero de 1999, el recién proclamado presidente
emitió un decreto solicitando la consulta popular acerca de la convocatoria de
una Asamblea Constituyente, horas después de haber aceptado las obligaciones
inherentes a su cargo jurando sobre la “moribunda” Constitución de 1961. Con estos eventos se inició el proceso
constituyente venezolano, que marcó la dinámica sociopolítica del año 1999, y
más allá.
Los comicios del proceso constituyente
El proceso constituyente se realizó
en tres fases comiciales. El referendo del 25 de abril de 1999 para consultar
al electorado acerca de la convocatoria de una ANC; la elección de los
representantes a la ANC el 25 de julio de 1999 y el referendo del 15 de
diciembre de 1999 para aprobar el proyecto de Constitución elaborado por la
ANC. Cada proceso comicial tuvo sus particularidades y aportó su especificidad
a la dinámica sociopolítica del país, pero como balance general se puede
afirmar que en cada uno de ellos se fue afianzando el apoyo a Chávez y a su
proyecto, al tiempo que la dinámica de las fuerzas que se le oponían también
fue adquiriendo nuevos matices.
Luego de superar diversos obstáculos
jurídicos, el 25 de abril de 1999 tuvo lugar el referendo para consultar al
electorado acerca de la convocatoria de una ANC. Los votantes debieron
responder 2 preguntas: La primera “Convoca usted una Asamblea Nacional
Constituyente con el propósito de transformar el estado y crear un nuevo
ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia
social y participativa?” y la segunda referida a la aprobación de las bases
comiciales para la elección de los miembros de la ANC.
Este fue el primer referendo
consultivo de carácter nacional convocado y realizado en el país. Los
resultados del referendo mostraron aspectos relevantes de la nueva dinámica
sociopolítica. La abstención llegó al 62,3%, el mayor nivel de la historia comicial
del país hasta ese momento, no obstante la baja participación no deslegitimó ni
obstruyó la marcha del proceso constituyente.
Los resultados por el “SI” ratificaron la votación obtenida por Chávez
en diciembre de 1998, llegando a 3.630.666 en la primera pregunta y 3.275.716
en la segunda, mientras que el “No” obtuvo 300.233 votos en la primera pregunta
y 512.967 votos en la segunda. Los
sectores que se oponían a Chávez se encontraban en su menor nivel de articulación
y muy desmoralizados frente a los resultados de diciembre, en su mayoría optaron por abstenerse y no se
estructuraron en una campaña a favor del rechazo a la convocatoria de una ANC.
Ni en este proceso ni en los
siguientes que tuvieron lugar en 1999 y 2000 los sectores opositores a Chávez y
su proyecto lograron igualar o superar el caudal de votos obtenidos por la
candidatura de Salas Romer o mantener todas las votaciones importantes en el
ámbito regional logradas en noviembre de 1998, aunque en los siguientes
episodios comiciales fue mejorando su desempeño. Ello evidenció que el triunfo
electoral de Chávez y del Polo Patriótico no era un fenómeno efímero o un
producto circunstancial de equivocados cálculos coyunturales, sino que se
enlazaba sustancialmente con las diversas expresiones de búsqueda de cambio que
venían ocurriendo desde finales de los años 80 y que tuvieron consistentes
expresiones electorales.
El 25 de julio de 1999 tuvo lugar la elección de los representantes a la
ANC. Este proceso se salió de los patrones convencionales por diversas
razones. El aspecto más importante fue
el relacionado con el sistema electoral adoptado para seleccionar a los
representantes, aprobado en el referendo de abril de 1999. Se trataba de un
sistema mayoritario, basado en una
circunscripción nacional de 24 candidatos y 24 circunscripciones
regionales con un número variable de candidatos dependiendo de la población de
cada entidad, junto con la designación de 3 representantes indígenas de acuerdo
con sus “usos y costumbres ancestrales”. Este esquema se alejaba drásticamente
de las fórmulas empleadas para elegir los representantes a los cuerpos
colegiados desde 1958, basadas en el principio de la representación
proporcional y que estaban consagradas en la Constitución y la ley del sufragio
vigentes. El resultado fue una exagerada sobrerrepresentación de la mayoría, lo
que significó que los candidatos del Polo Patriótico obtuvieron el 95% de los
miembros a la ANC a partir de una votación que rondaba el 65% del total. Así,
de los 131 miembros de la ANC, 122 provenían de la lista del Polo Patriótico y
3 eran diputados indígenas (que también estaban identificados con el Polo
Patriótico). En este proceso la abstención alcanzó el 54%.
Para llegar a este resultado
influyeron importantes circunstancias. Por un lado, no se examinaron a fondo
las implicaciones y consecuencias del sistema electoral adoptado, de modo
que importante sectores de la opinión
pública, incluidos los de oposición, lo apoyaron entusiastamente. Desde
mediados de los años 80, la llamada uninominalidad y la personalización del
voto, en contraposición a la representación proporcional con listas bloqueadas
y cerradas, habían sido propuestas enarboladas por diferentes sectores sociales
y políticos como banderas de lucha en contra del bipartidismo y sus
desviaciones. No obstante, debido a la falta de experiencia y escasa
comprensión del sistema electoral adoptado,
diversos grupos e individualidades asociados a la oposición apoyaron las
nuevas reglas, pero actuaron como si la regla vigente aun era la de la
representación proporcional. Se presentaron de manera dispersa cerca de 1000
candidatos de oposición, la mayoría de los cuales se postularon por “iniciativa
propia” aun cuando tenían activos vínculos partidistas y la mayor parte de
estos candidatos compitieron entre sí para captar el voto del mismo electorado.
Por el contrario, el oficialismo
actuó con extrema eficacia maximizando sus posibilidades electorales al
presentar una lista única de 124 candidatos distribuidos a lo largo del territorio
en zonas electorales, los llamados “Kinos Chávez”. Esta estrategia le permitió
obtener el máximo provecho del sistema electoral y colocar una mayoría absoluta
de sus representantes en la ANC. Con esta adecuada estrategia, el oficialismo
aprovechó eficazmente la alta aceptación que aun tenía entre la población y
potenció sus oportunidades electorales. No obstante, también hay que destacar
que las autoridades públicas identificadas con el oficialismo actuaron de
manera abiertamente parcializada, participaron en actos proselitistas y
utilizaron recursos e instalaciones públicas para promover sus candidatos a la
ANC, en contravención evidente de las normas electorales y las referidas al
manejo de la administración pública.[7]
Lograr el control político de la ANC
a través de la presencia de una representación abrumadoramente mayoritaria
lució como un triunfo de la coalición gobernante, y le garantizó gran holgura
para consagrar un texto constitucional acorde con su proyecto político. No
obstante ese control hegemónico generó consecuencias negativas sobre las
relaciones internas del bloque oficialista y sobre la posterior aceptación del
texto resultante. La propia dinámica de las deliberaciones hizo que afloraran o
que se evidenciaran desavenencias importantes al interior del Polo Patriótico,
más que diferencias entre oficialismo y la mínima bancada opositora (Viciano
Pastor y Martínez Dalmau, 2001). Por otro lado, el déficit de representación de
amplios sectores redundó en que el texto resultante fuera percibido como la
expresión del proyecto político del presidente Chávez y de su coalición, y no
como el reflejo de las aspiraciones del conjunto de la sociedad. A diferencia
de la Constitución de 1961, la de mayor duración en nuestra historia
republicana, que fue el resultado de un amplio consenso entre sectores
divergentes y que comenzó a ser cuestionada luego cerca de tres décadas de
vigencia, la duración y aceptación de la de 1999 pareciera estar asociada a las
vicisitudes y estabilidad del gobierno de Chávez.
Una vez instalada la ANC a inicios
de agosto de 1999, al discutir su reglamento interno se autodefinió como
“originaria”. Desde la campaña electoral, el proceso constituyente estuvo
signado por la discusión acerca de los límites y alcances de la ANC, de su
carácter originario o derivado, y por la definición de las competencias de los
poderes constituidos frente al poder constituyente. Aun cuando en sucesivas
decisiones la CSJ estableció los límites de la ANC, después de instalarse se
declaró originaria y, por tanto, libre de las ataduras que le imponía la
Constitución de 1961 y el entramado institucional existente.[8]
La ANC asumió radicalmente su
carácter originario. En su primer mes de actividad, la ANC centró su atención
en la discusión del reglamento interno, en la organización de sus actividades,
y en la evaluación de la posibilidad de intervenir o disolver los poderes
judicial y legislativo. Desde temprano también se evidenció que el proceso
constituyente y la ANC fueron concebidos como fórmulas para producir rápida y
eficazmente cambios en la correlación de fuerzas existente derivada de las
elecciones de noviembre de 1998, a fin de trascender esos resultados y
profundizar los de diciembre de 1998. Igualmente, a través de la ANC se
promovieron nuevas figuras, hasta ese
momento desconocidas para el amplio público, y que comenzaron a formar parte de
la nueva clase política.[9] De
este modo la ANC también le otorgó visibilidad y protagonismo a un nuevo
liderazgo, opacando a la dirigencia tradicional.
La ANC fue utilizada como una poderosa
herramienta política. Tuvo varias funciones, hábilmente concebidas y empleadas
por la nueva coalición gobernante en función de sus objetivos de poder: fue un
instrumento para reordenar jurídica e institucionalmente al estado aun antes de
promulgada la Constitución; sirvió para trastocar la correlación de fuerzas
existente y fortalecer a los sectores emergentes; se usó para promover nuevos
líderes políticos y desplazar a los existentes, y –casi secundariamente-
redactar una nueva Constitución, con el propósito de generar un nuevo conjunto
de reglas, valores actores e instituciones para trastocar las bases
tradicionales de ordenación de la sociedad venezolana. La función de
elaboración constitucional propiamente dicha fue abordada de forma apresurada,
sacrificando la discusión sistemática y la consistencia del texto, al punto que
se publicaron varias versiones de la Constitución en diferentes fechas, cada
una con cambios de forma y de fondo (Combellas, 2001).
En el ejercicio de la función
política, una de las decisiones más discutibles y que generó una fuerte
reacción nacional e internacional fue el intento de disolver el poder
legislativo. Luego de una transacción entre sectores oficialistas y de
oposición se mantuvo el funcionamiento de la Comisión Delegada y otras
comisiones del Congreso, lo que redujo esa instancia a una mínima expresión.
Esta decisión de la ANC fue respaldada por una polémica sentencia de la Sala
Plena de la CSJ, a través de la cual se consagró la llamada supraconstitucionalidad
de las decisiones y actuaciones de la ANC, como respuesta al intento de
impugnar la decisión de la ANC (TSJ, 2000). Esta polémica decisión de la CSJ
sirvió para legitimar desde el poder judicial las actuaciones ya emprendidas por
el cuerpo constituyente, en ámbitos distintos a los de la estricta elaboración
constitucional, como fueron la intervención en los poderes públicos y la
destitución y designación de los titulares de los mismos
El tercer episodio comicial del
proceso constituyente tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, coincidiendo con
el trágico deslave del estado de Vargas y las torrenciales lluvias de otros
estados del país. Los resultados nuevamente favorecieron ampliamente al
oficialismo, pero esta vez la oposición se estructuró con cierta eficacia alrededor del “No”, mejorando su desempeño
respecto del referendo de abril. La pregunta sometida a la consideración del
electorado fue: “Aprueba usted el proyecto de Constitución elaborado por la
Asamblea Nacional Constituyente ?” la respuesta favorable obtuvo 3.301.475
votos, equivalente al 71,78% del total de votos válidos y el “No” obtuvo
1.298.105 votos, equivalentes al 28,22% de los votos válidos. La abstención se
ubicó en 56%.
El remate de la operación de
ocupación de los poderes públicos a través del procesos constituyente se
produjo en las semanas finales de diciembre de 1999, durante el aparente limbo
jurídico producido después de la aprobación popular de la nueva Constitución,
pero antes de su entrada en vigencia al publicarse en la Gaceta Oficial. En
esos días, la ANC destituyó a todos los titulares de los poderes públicos (a
excepción del presidente de la República), incluyendo al Fiscal, Contralor,
Poder Legislativo, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral y los sustituyó
por nuevas autoridades identificadas con el oficialismo y designó a la titular
de la recién creada Defensoría del Pueblo.
La sentencia sobre la supraconstitucionalidad liberaba a la ANC de las ataduras impuestas
por el orden político-institucional existente, a su vez el proyecto de
Constitución aprobado el 15 de diciembre de 1999 establecía que la nueva
Constitución entraba en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial.
Así, en medio del estupor nacional que produjo la devastación ocasionada por el
deslave natural en el estado Vargas, se retrasó intencionalmente la publicación
en Gaceta Oficial de la nueva Constitución hasta el día 29 de diciembre de
1999, y en esos días se decidió la destitución y designación de los ocupantes de
los poderes públicos, al margen de las disposiciones contenidas tanto en la
Constitución de 1961, como en la recién refrendada. Así, amparados en la
llamada supraconstitucionalidad de sus actuaciones, desde la ANC se completó la
redefinición de la correlación de fuerzas en los poderes públicos, acomodándola
a favor del oficialismo.
Al efectuar el balance de estos tres
procesos comiciales y teniendo como referencia los del año 1998, destacan
nuevas características de la dinámica sociopolítica venezolana. Las fuerzas
emergentes se impusieron con fuerza y rapidez en el escenario político y
aprovecharon el inicial apoyo popular para profundizar y potenciar su capacidad
de ocupar posiciones de poder, más allá de lo que derivaba naturalmente del
cuadro electoral resultante de las elecciones de noviembre y diciembre. En
apenas un año habían aprobado una nueva Constitución y en el transcurso del
proceso constituyente desplazaron a los sectores políticos tradicionales y se
conformaron como una nueva clase política. Lo que el Polo Patriótico no
logró a través de los comicios de 1998, lo obtuvo a través del
proceso constituyente, como la cuasi inhabilitación del Congreso y la
intervención del Poder Judicial. La otra cara de esta realidad era el estado de
desarticulación, zozobra y desconcierto en que estaban sumidos los actores
tradicionales, que quedaron duramente golpeados frente a los resultados
electorales de 1998 y avasallados por el empuje de las nuevas fuerzas en el
poder.
La audacia, novedad y discutible
legalidad de muchas de estas acciones desconcertaron a los actores
tradicionales, lo que sumado al
atractivo que aun ejercía el nuevo presidente y sus aliados desencadenó
una dinámica sociopolítica marcada por la confrontación y el acorralamiento de
los sectores enfrentados a los nuevos ocupantes del poder. La alineación de los
poderes públicos en función de los
intereses del proyecto político de la quinta
república y de sus promotores, produjo decisiones favorables a la
implantación del nuevo proyecto. La dinámica del consenso característica de la
llamada democracia puntofijsta fue
sustituida por la exacerbación de las diferencias, la exclusión política y el
deslinde radical entre las fuerzas asociadas a los sectores emergentes
vinculados con el nuevo proyecto político y el liderazgo tradicional, no sólo
en el ámbito político, sino en las esferas económica, eclesiástica, militar,
sindical, educativa, mediática, etc.
La vía electoral resultó altamente eficaz para
legitimar en su origen a los nuevos ocupantes del poder, y el apoyo de la
población actuó como pretexto para traspasar las barreras discursivas e
institucionales habituales y para forzar las barreras legales. En este año se implantaron
los cimientos de un proyecto sociopolítico con aspiraciones de largo plazo, que
se basó en la expectativa de cambio presente en la población durante al menos
una década y que permitió la aceptación desprevenida de muchos excesos y
distorsiones, no necesariamente incluidas en la agenda de las aspiraciones
populares. No obstante, la reacción en contra de las rupturas, desviaciones y
vicios no deseados tardó en consolidarse y en expresarse como sentimiento
mayoritario; más bien predominaba en amplios sectores la impresión de la
existencia de una adecuada relación entre sus preferencias y votos y el esquema
de poder resultante de los procesos comiciales de 1998 y 1999.
III. El año 2000: la relegitimación de los poderes públicos
La idea de convocar nuevas
elecciones estaba presente en el ambiente oficialista aun antes de aprobarse la
nueva Constitución. Esta decisión planteó un conjunto de interrogantes: ¿por
qué si acababan de tener lugar elecciones en 1998 se requería elegir nuevamente
a las mismas autoridades?, ¿por qué las decisiones asociadas con la puesta en
marcha del nuevo proceso comicial se tomaron de manera tan apresurada, y
contraviniendo disposiciones legales y acuerdos societales existentes?, ¿por
qué las fuerzas de la coalición gobernante adoptaron una estrategia
relativamente riesgosa, de someterse nuevamente a la prueba del favor popular,
cuando ya tenían aseguradas importantes posiciones de poder, como la
presidencia de la República?
Desde el punto de vista legal y
constitucional se justificó esta decisión argumentando que se debía adecuar los
períodos y funciones de las autoridades electas a las nuevas disposiciones del
texto. Por ejemplo que se debía cambiar la estructura parlamentaria, que pasó
de ser bicameral a ser unicameral, y garantizar la inclusión de la
representación indígena. Una consideración que ejerció un gran peso en la
decisión de convocar nuevas elecciones fue la posibilidad de alargar el período
presidencial, con lo cual el presidente Chávez tendría la oportunidad de
iniciar un nuevo período de 6 años, que no se sumaría al tiempo de mandato que
ya llevaba.
Otras consideraciones de mucho peso
estaban asociadas con las realidades políticas del momento y las posibilidades
de implantación del nuevo proyecto sociopolítico. Como sabemos, las elecciones
de diciembre de 1998 habían producido un poder ejecutivo dominado por Chávez y
su coalición, mientras que como resultado de las elecciones de noviembre de
1998 en el parlamento y en el ámbito regional el Polo Patriótico no había
resultado el boque mayoritario y las fuerzas tradicionales aun conservaban
importantes cuotas de poder. Por otro lado, la estructura de poder a nivel
municipal, alcaldías y concejos municipales, estaba más desfasada aun, puesto
que derivaba de las elecciones de 1995.
Así, la nueva convocatoria a elecciones generales o la llamada relegitimación de poderes se justificó y
por la necesidad de alinear y sintonizar la correlación de fuerzas en los
poderes públicos y en la estructura político-administrativa central, regional y
local, asegurando el predominio del Polo Patriótico a lo largo y ancho de dicha
estructura y para consolidar el desplazamiento de las fuerzas contrarias.
Otro aspecto relevante se refería al
apoyo electoral con que contaba el oficialismo. A pesar de las apariencias, el
caudal electoral del gobierno era limitado.
En todos los procesos efectuados en 1998 y 1999 la votación a favor del
presidente y de las fuerzas vinculadas al Polo Patriótico se ubicaba en
alrededor de un tercio del electorado. Así, la votación obtenida por Chávez,
los 3.673.685 votos equivalían al 33,43% del electorado total, y en diciembre
de 1999 los votos a favor del “sí” (asimilable al voto oficialista)
representaba el 30,18% del total de electores inscritos. Si bien se trataba de
una votación superior a la del resto de los factores, lucía escasa frente al
ambicioso propósito de “refundar la república” y de trastocar las bases de ordenación de la
sociedad venezolana. Ello llevaba a la necesidad de maximizar las potencialidades
de esos votos, transformando el 33% del apoyo electoral en un volumen próximo
al 100% de los cargos en los poderes públicos. Desde la óptica de los nuevos
ocupantes del poder se requería actuar con rapidez para aprovechar el soporte
popular que, aunque se mantenía firme, era relativamente modesto respecto a la
magnitud del proyecto planteado, a sabiendas que las vicisitudes del ejercicio
gubernamental podía erosionar ese soporte, y fomentar el fortalecimiento de la
oposición. Por su parte, la seguridad de contar con ese apoyo popular en esas
circunstancias apuntaló la decisión de convocar las elecciones, más allá de los
riesgos propios de cualquier proceso comicial.
Para promover una transformación
radical de la sociedad era necesario controlar las palancas fundamentales de
toma de decisiones en la estructura horizontal del poder, copando los poderes
públicos, y en la estructura vertical de poder, mediante la alineación adecuada
de las autoridades electas. La primera fase la cumplió la ANC con el
nombramiento en diciembre de 1999 de todos los cargos no electivos (Fiscal,
Contralor, Defensor del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional
Electoral). Con las nuevas elecciones se entraba en la fase de copar los cargos
electivos, completando o superando los resultados de 1998. Para ese propósito
se promovió la llamada relegitimación de los poderes.
La organización del
proceso electoral bajo estas premisas se inició tempranamente a finales de
diciembre de 1999 con el nombramiento por parte de la ANC de las autoridades
del CNE, todas afectas al oficialismo.[10]
Fue seguido por la promulgación el 3 de
febrero de 2000 del Estatuto Electoral de los Poderes Públicos y la fijación de
la fecha de las nuevas elecciones por parte de la ANC. Con estas decisiones se
concretó la convocatoria de las llamadas
megaelecciones –elección de todos los
cargos de representación popular- para el 28 de mayo de 2000, fecha en la que
escogerían simultáneamente 6.241 cargos ejecutivos y legislativos nacionales y
locales. En el Estatuto Electoral se modificaron las reglas de votación vigentes y se adoptó un
sistema electoral mixto para la composición de los cuerpos colegiados, en el
que el 60% de los cargos provenían del voto mayoritario y 40% del voto
proporcional con ello se procuraba obtener el efecto de sobrerrepresentación de
la mayoría, aunque en proporciones mucho menores a lo ocurrido en la ANC y a la
propuesta inicial de aprobar un esquema 80% mayoritario-20% proporcional.
La preocupación por maximizar el
apoyo electoral del oficialismo también privó en el momento de proponer y
aprobar la convocatoria de una megaelección, soslayando importantes consensos
societales existentes desde finales de los años 80 y que se ratificaron durante
el debate electoral de 1998, acerca de la necesidad de diferenciar las
elecciones regionales y locales de las nacionales, a fin de preservar la
autonomía y visibilidad de las primeras.
Estas decisiones
fueron impugnadas por diversas individualidades y agrupaciones ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSJ), alegando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las
más importantes. Entre ellas destacaba la supuesta violación del artículo 298
de la nueva constitución que prohibía la modificación de la legislación
electoral a menos de 6 meses de fecha de los comicios. Las argumentaciones
fueron rebatidas por el TSJ apelando al controversial argumento de la transitoriedad, según el cual debía
preverse un lapso –la transición- para ajustar el entramado institucional a las
disposiciones de la nueva Constitución, por lo que la plena vigencia de las
normas que regían la organización de los comicios y de los poderes públicos
debía esperar la instalación de la Asamblea Nacional (TSJ, 2000).[11]
La transitoriedad, como antes la supraconstitucionalidad de la ANC,
sirvió de fórmula justificadora para justificar decisiones afines a los
intereses políticos de os nuevos ocupantes del poder, en detrimento de la
equidad e imparcialidad, en este caso del proceso comicial.
El oficialismo participó
confiadamente en estas elecciones, aun cuando las mismas estuvieron marcadas
por riesgos y problemas. Se produjeron
importantes rupturas al interior del bloque en el poder, como la separación de
Arias Cárdenas, Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos (3 de los 4
comandantes que junto con Chávez habían liderado el intento de golpe de febrero
de 1992) y el lanzamiento de la candidatura presidencial de Arias Cárdenas, así
como el alejamiento temporal del partido PPT de la coalición de gobierno. Fue
una oportunidad para la articulación del esfuerzo opositor, el cual no fue
plenamente aprovechado por sus principales actores, aún débiles después de sus
recientes derrotas electorales. Y el evento más dramático fue la suspensión de
las elecciones 3 días antes de la fecha prevista para su realización.
La organización de las
megaelecciones estuvo marcada por la improvisación y el conflicto. La
combinación entre la complejidad intrínseca de los comicios propuestos, la
incapacidad gerencial de la directiva del CNE y la intervención política
oficialista llevaron el proceso al colapso. Cuando era evidente que los
comicios eran irrealizables, dos agrupaciones de la sociedad civil, Cofavic y Queremos Elegir, introdujeron un amparo oral ante el TSJ
solicitando su suspensión. El 25 de mayo, a sólo 3 días de la fecha prevista,
el TSJ ordenó detener íntegramente el acto electoral y convocar nuevos comicios
en un plazo perentorio. Nunca antes en la historia electoral venezolana había
ocurrido semejante desastre.
La Comisión
Legislativa Nacional, el llamado “Congresillo”, cuerpo legislativo nombrado
por la ANC que sustituyó al Congreso
suspendido por decisión de la ANC y que continuó sus labores, seleccionó una
nueva Junta Directiva del CNE. Esta vez se resolvió separar los comicios.
Primero vino la elección presidencial, parlamentaria, de gobernadores, concejos
legislativos estadales, alcaldes, alcalde mayor y concejo metropolitano el 30 de julio de 2000. Los demás cargos se
eligieron el 3 de diciembre de 2000.
Las elecciones del
30 de julio de 2000
Los resultados de estas elecciones
favorecieron ampliamente a los candidatos del gobierno, tanto en los que se
refiere a los cargos unipersonales como a la representación en los cuerpos
colegiados. A la elección presidencial sólo se presentaron 3 candidatos: Chávez
apoyado por 9 organizaciones, Arias por 6 y Claudio Fermín por 1. Se trató de
la elección presidencial en la participó el menor número de candidatos y
agrupaciones desde 1958. Chávez obtuvo 3.757.773 votos, 2,2% más que en los
comicios de 1998, equivalentes al 59,8% de los votos válidos y el 32,06% del
total de electores. Arias obtuvo 2.359.459, equivalente al 37,5% de los votos
válidos y Fermín 171.346 votos. La abstención se elevó al 43,7% y el número de electores inscritos fue
11.720.971. El presidente mantuvo aproximadamente igual su votación en términos
absolutos y relativos, mientras que la oposición no logró igualar las cifras
alcanzadas en 1998, pero superó los bajos niveles de 1999.
Los cambios más importantes en la
correlación de fuerzas resultantes ocurrieron a propósito de la elección
parlamentaria y de los gobernadores de estado, principal objetivo procurado por
el Polo Patriótico al promover estos comicios. Como resultado de las elecciones
de 2000 el Polo Patriótico obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, y
dentro de la coalición oficialista predominó el partido MVR, convirtiéndose en
la fuerza individual mayoritaria al interior de la AN. Los partidos
tradicionales, AD y Copei sufrieron una nueva reducción significativa de su
representación, al igual que partidos emergentes como PV. El MAS obtuvo una
importante representación, producto de su hábil negociación dentro de la
coalición de gobierno más que de su figuración electoral.
La sumatoria de los representantes
de los partidos MVR, MAS y de los representantes indígenas llegó a 102 escaños
dentro de la asamblea nacional, cifra superior a la mayoría simple, aunque
inferior a los dos tercios requeridos (equivalente a 110 votos) para algunas
decisiones trascendentes, como el nombramiento de los titulares de los poderes
públicos. La coalición de gobierno utilizó sistemáticamente esa mayoría
parlamentaria para promover su proyecto político. En las etapas iniciales el
oficialismo logró con facilidad generar las alianzas y acuerdos necesarios para
completar los votos requeridos para obtener decisiones por mayoría calificada, y tenía garantizadas las
decisiones por mayoría simple. No obstante, los cambios en la dinámica
política, como la separación de buena parte del MAS y de un grupo de
parlamentarios del MVR de la coalición gobernante, redujo significativamente el tamaño de la
bancada oficialista en el arlamento, al punto que para algunas decisiones
incluso se le dificultaba reunir los 83 votos necesarios para asegurar la
mayoría simple. [12]
En el ámbito regional las elecciones
también favorecieron al oficialismo y produjeron un cambio en la correlación de
fuerzas, con el claro predominio del MVR, que triunfó en 11 gobernaciones. En
las gobernaciones de los estados Bolívar, Cojedes, Mérida, Nueva Esparta,
Táchira, Trujillo los candidatos del MVR obtuvieron la victoria desalojando a
gobernadores de AD o de Copei, en algunos casos con márgenes electorales
mínimos y en medio de controversias acerca de la pulcritud del proceso
comicial. El único estado en el que prosperó una impugnación postelectoral fue
en Amazonas, con lo que el partido PPT obtuvo la victoria frente al
inicialmente proclamado gobernador de AD. El MVR también desplazó al MAS en los
estados Lara y Portuguesa y al PPT en Vargas. El MAS obtuvo la victoria en los
estados Anzoátegui, Aragua, Delta
Amacuro y Sucre. Proyecto Venezuela volvió a triunfar en el estado Carabobo,
Copei en el estado Miranda y Convergencia en el estado Yaracuy. En el Zulia se
impuso una nueva organización regional, Un Nuevo Tiempo (UNT).
En definitiva, el objetivo procurado
por el oficialismo se logró plenamente con estas elecciones. Los partidos
tradicionales quedaron debilitados al perder importantes posiciones dentro del
parlamento y en un amplio numero de gobernaciones, generándose una nueva
correlación de fuerzas, claramente favorable al Polo Patriótico y al proyect
político del presidente Chávez.
Las elecciones de
concejos municipales y juntas parroquiales y el referendo sindical del 3 de
diciembre de 2000
Para completar el proceso electoral
previsto para mayo de 2000 faltaba la elección de los concejos municipales y
las juntas parroquiales, que tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2000. Es fácil
entender que estos comicios fueran recibidos por la población con muy poco
entusiasmo. Se trataba del séptimo proceso electoral en tres años, las
autoridades a ser escogidas no son consideradas de gran importancia para la
población, y las organizaciones y los
candidatos carecían de recursos para promoverse puesto que sus finanzas se
habían agotado en el primer intento electoral de mayo, de modo que apenas hubo
campaña electoral. El resultado fue una abstención del 76%, la mayor de toda
nuestra historia electoral y el 35,5% de los concejales electos correspondieron
al partido MVR.
En esa fecha también
se convocó el llamado referendo sindical. [13] A
los factores antes señalados que influyeron sobre la alta abstención se le sumó
el rechazo a dicho referendo, cuyo
propósito era forzar la renovación de la dirigencia sindical a lo largo y ancho
del país, con la expectativa de generar una correlación de fuerzas favorable al
oficialismo. Se introdujeron recursos ante el TSJ en contra de esta
convocatoria alegando, entre otras cuestiones, que la materia sindical no era
“de alcance nacional” y por lo tanto no correspondía a un referendo consultivo.
Por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, o sólo se consideró que era
pertinente el uso de esa figura, sino que se le otorgó carácter vinculante a os
resultados del referendo.[14] En esta ocasión el “Sí” obtuvo 1.632.750
votos, el 62,02% de los votos válidos y el “No” 719.771 votos, 27,34% de los
votos válidos, los votos nulos sumaron el 10,64%. Aun cuando triunfó el “Sí”,
la escasa participación del electorado fue interpretado como una merma de la
capacidad de convocatoria del oficialismo y en particular del presidente, quien
se vinculó directamente con la campaña de promoción del referendo y del voto
afirmativo.
Durante la segunda
mitad de 2001 tuvieron lugar las elecciones sindicales a lo largo de todo el
país, desde la base hasta la cúpula del sector. Si bien el oficialismo logró el
objetivo de desplazar a los líderes existentes a través del referendo, los resultados
de las elecciones sindicales favorecieron ampliamente a la oposición,
constituyéndose en el primer evento político electoral en el que las fuerzas
contrarias al Polo Patriótico pudieron articularse exitosamente en torno a un
evento comicial desde diciembre de 1998.
Balance de la relegitimación de los
poderes
La relegitimación de
los poderes satisfizo plenamente los objetivos del Polo Patriótico. A pesar de
las tensiones y fracturas sufridas por el nuevo bloque en el poder a raíz de
estos comicios, el balance neto le resultó claramente favorable. Lograron
alinear armónicamente la correlación de fuerzas a lo largo de la estructura
político-administrativa de poder a través de las elecciones. A su vez, una vez
instalada la Asamblea Nacional a finales de año designaron a los titulares de
los poderes Ciudadano y Judicial aprovechando su holgada mayoría y su capacidad
de lograr acuerdos en dicha instancia. También en dichos poderes se aseguraron
una mayoría favorable al proyecto político emergente. Al finalizar estas
elecciones culminó la fase político-electoral de la “refundación de la
República”. En esa etapa los ocupantes del poder contaron con una importante
base de apoyo popular, que se mantuvo estable a lo largo de los comicios de
1998, 1999 y 2000. Aun cuando, como sabemos, se trataba de un tercio del
electorado, fue crucial y suficiente para provocar cambos drásticos en la
correlación de poder existente, dada la debilidad y desarticulación de las
fuerzas opositoras.
Superada esta etapa,
el gobierno entró en una fase de desarrollo de su acción de gobierno y la
población comenzó a evaluar su desempeño en función de su capacidad de resolver los problemas socioeconómicos
claves. En esa nueva etapa que se inició con la nueva presidencia de Chávez, el
ánimo colectivo comenzó a cambiar progresivamente. Así, hacia el tercer
trimestre de 2001 el agrado hacia Chávez se ubicaba en 46% mientras que en el
primer trimestre de ese año se ubicaba en 68% (Keller, 2003). La correlación de
fuerzas resultante de las elecciones del 2000 dejó de representar adecuadamente
las expectativas y preferencias colectivas, y la dinámica sociopolítica se
tornó crecientemente adversa a la coalición gobernante, y en especial al
presidente de la República.
Desde la implantación de la
descentralización y como producto de la profusión de comicios convocados entre
los años 1998 y 2000, en el país se produjo un progresivo y adecuado ajuste entre
las preferencias político-electorales de la población y el esquema de
representación y la correlación de fuerzas resultante en las distintas
instancias de poder, por el otro.
Luego de los avances y triunfos
electorales del presidente Chávez y de sus aliados desde los comicios de
noviembre de 1998 hasta los de diciembre de 2000, la dinámica sociopolítica fue
cambiando. En las diversas encuestas y sondeos de opinión, fueron apareciendo
signos de desafección de la población respecto del presidente y una evaluación
crecientemente negativa de su gestión de gobierno. Desde el segundo semestre de
2001, coincidente con el fallido intento oficialista de asegurar una mayoría en
el ámbito sindical, se fue estructurando un movimiento opositor a la
presidencia de Chávez y a su proyecto sociopolítico. No obstante, después de
los últimos comicios diciembre de 2000, estos cambios en el ánimo colectivo no
han podido canalizarse ni expresarse a través de procesos electorales y por lo
tanto no se han materializado en nuevas correlaciones de fuerzas más cónsonas
con dichos cambios.
La estructura de poder emergente de
los procesos del año 2000, a pesar de la ocurrencia de cambios importantes,
como la reducción de la mayoría parlamentaria del oficialismo en el parlamento,
luce desfasada y detenida respecto a la magnitud del cambio operado en el ánimo
colectivo. Buena parte de las luchas sociales y políticas acaecidas en el país
desde el segundo semestre de 2001 han procurado cambiar esa realidad, en la
búsqueda de un esquema de representación y poder en mayor sintonía con las
nuevas aspiraciones colectivas. La mayor presión se ha ejercido en contra de la
permanencia de Chávez en el poder, apelando a intensas movilizaciones masivas
de protesta de ciudadana y vías no electorales como paros cívicos y golpes de
Estado, y a vías electorales como el
frustrado referendo consultivo de febrero de 2003 y la activación del referendo
revocatorio presidencial, que de acuerdo con las disposiciones constitucionales,
sólo puede hacerse efectivo después de la mitad del período de gobierno, es
decir a partir del 19 de agosto de 2003.
La tortuosa vía de los referendos
En noviembre de 2002 los diversos
sectores de oposición agrupados en la llamada Coordinadora Democrática
reunieron cerca de 2 millones firmas para solicitar la convocatoria de un
referendo consultivo acerca de la renuncia presidencial. El CNE fijó como fecha
para la realización de ese referendo el 2 de febrero de 2003. El 22 de enero de
2003 la Sala Electoral del TSJ bloqueó esta iniciativa basándose en las
irregularidades en la conformación de la Junta Directiva del CNE, mientras que
la Sala Constitucional del mismo tribunal consideró legal y constitucional
apelar a esa figura para consultar la opinión del “soberano”.[15]
En la fecha prevista para el
referendo se organizó el llamado “Firmazo”, actividad a través de la cual
nuevamente las diversas agrupaciones de la oposición reunidas en la
Coordinadora Democrática y la organización civil Súmate organizaron la recolección de firmas necesarias para la promoción por vía
refrendaria de diversas iniciativas, como una enmienda a la Constitución, un
referendo abrogatorio de un paquete legislativo de más de 40 leyes, el
referendo revocatorio presidencial, entre otros. El 20 de agosto de 2003
nuevamente las diversas agrupaciones del ámbito opositor presentaron ante el
CNE las planillas contentivas de la manifestación de voluntad de más de 3.2
millones de electores (el mínimo requerido era 2.4 millones, equivalente al 20%
de los electores inscritos en el registro electoral), solicitando la
convocatoria de un referendo revocatorio del mandato presidencial. Esta
iniciativa tampoco prosperó, puesto que en una decisión dividida (3 a favor y 2
en contra) adoptada el 12 de setiembre de 2003 por la Junta Directiva del CNE,
del ente comicial rechazó la solicitud refrendaria, aduciendo el incumplimiento de“formalidades esenciales”,
como la extemporaneidad de la recolección de las firmas y la falta de mención al
CNE en el encabezado de las planillas contentivas de las firmas de los
electores (CNE, 2003a)
No obstante los reveses vividos por
la oposición en sus intentos por activar algún tipo de mecanismo comicial para
producir una nueva correlación de fuerzas mediante el desplazamiento electoral
del presidente de la República, la vía del referendo revocatorio siguió siendo
la principal ruta escogida desalojar al presidente Chávez del poder. El 26 de
setiembre de 2003 el CNE aprobó las normas referidas a la celebración de los
referendos (CNE, 2003b). Para muchos analistas, políticos y juristas se trata
de un reglamento que se aparta del espíritu de la Constitución, limita la
participación, impone obstáculos artificiales a la realización de la consulta
popular, extiende injustificadamente los lapsos y consagra una intervención
indebida del CNE en fases preelectorales, como la recolección de firmas para la
solicitud del referendo. No obstante, estas reglas fueron acatadas por la
oposición y sirvieron de pauta para articular un nuevo episodio en la búsqueda
de una salida electoral a la conflictividad que caracteriza al país.
A inicios de octubre,
nuevamente la Coordinadora Democrática solicitó ante el CNE la convocatoria de
un referendo revocatorio en contra del presidente de la República, y de un
grupo de más 30 diputados del oficialismo. El organismo comicial estableció
como fecha para la recolección de las firmas los días 28 de noviembre hasta el
1 de diciembre, en una jornada denominada por la posición como el “Reafirmazo”.
Esta jornada fue precedida por la
iniciativa promovida por el oficialismo de recolección de firmas para solicitar
la revocatoria de mandato de más de 30 diputados de oposición. Ambas jornadas
contaron con la presencia de numerosos enviados de los medios de comunicación
internacionales, y por representantes del Centro Carter y de la Organización de
Estados Americanos (OEA), incluyendo a César Gaviria, Secretario General del
organismo hemisférico, en el evento opositor.
El 19 de siembre de 2003
los sectores de oposición que promovieron la convocatoria de un referendo
revocatorio en contra del residente de la República, consignaron ante el CNE la
cifra de 3.467.050 firmas. De acuerdo con la Constitución la cifra mínima
requerida es el 20% de los votantes inscritos
en el registro electoral, equivalente a 2.452.179 electores. Luego de la verificación de las firmas
recabadas, el CNE tendrá que pronunciarse acerca de la validez o no de la
convocatoria del referendo revocatorio presidencial. En caso de prosperar la
iniciativa, el CNE deberá fijar la fecha
del referendo que de acuerdo con los lapsos establecidos en el reglamento, ello
podría tener lugar a inicios de mayo de 2004.
No obstante, el camino aun
no está despejado, algunas reglas claves de este juego no están claramente
definidas, como la participación de un presidente revocado o renunciante en un
proceso comicial convocado para completar su período de gobierno y aun se
debaten criterios para la verificación de firmas. Por otro lado, se prevé que durante
el año 2004 deberán realizarse elecciones de gobernadores, acaldes y sus
respectivas instancias legislativas, lo que podría complicar el cronograma
electoral y afectar la realización oportuna del referendo. Los lapsos son
estrechos, las condiciones sociopolíticas son complejas y aun se mantiene un
fuerte control político del oficialismo
sobre centros fundamentales de toma de decisiones como el TSJ y el CNE. Todo
ello pudiera afectar la fluidez y oportunidad de la realización del referendo
revocatorio, incluso habiéndose producido su convocatoria.
Por su parte el oficialismo
ha manifestado claramente su falta de disposición a aceptar respetuosamente la
decisión del organismo electoral, si la misma le resultara desfavorable. Aun
antes de culminar la recolección de firmas ya anunciaban estruendosamente la
ocurrencia de una “megafraude” durante esas jornadas, lo que prefigura una de
las estrategias orientadas a bloquear el proceso introduciendo recursos y
alegatos acerca de la supuesta distorsión de proceso.
Cabe destacar que los tres episodios
de recaudación de firmas se convirtieron en importante estímulos a la
articulación del esfuerzo opositor, al incremento de su capacidad organizativa
y a la solidificación de su perfil democrático, en tanto se asociaban
directamente a la búsqueda de vías electorales para cambiar la correlación de
fuerzas existentes. Los volúmenes de firmas recogidos durante los llamados
“Firmazo” (2.02.2003) y “Reafirmazo” (28
noviembre-1 diciembre 2003) superaron los límites de votación obtenidos por la
oposición desde diciembre de 1998. Si bien no se trata de cifras que puedan ser
tomadas como valores absolutos, tanto porque no corresponden a una elección ni
a un voto secreto y por tanto subrepresentan el potencial de votación, como
porque los datos brutos no incluyen la necesaria depuración de esas
manifestaciones de voluntad, en la que puede haber solicitudes inválidas,
revelan en otro plano el antes mencionado cambio en las preferencias colectivas
y el incremento de la capacidad de convocatoria del liderazgo opositor.
Cambios en el ánimo colectivo y salida electoral
En la actualidad, los sondeos de
opinión muestran que alrededor del 65-70% de la población evalúa negativamente
la gestión del presidente, mientras que cerca de un 30-35% la apoya. Estos
porcentajes se mantienen cuando la pregunta se refiere a la disposición de los
electores a procurar la salida del presidente mediante un referendo
revocatorio, donde aproximadamente 70% se manifiesta a favor y 30% en contra.
Los mismos sondeos indican que la vía refrendaria es la preferida por
aproximadamente el 80% de los electores, lo que incluye a una importante
porción de quienes apoyan al gobierno actual.
La variada y exitosa experiencia
electoral venezolana de las últimas décadas ha generado una expectativa
colectiva acerca del uso del mecanismo electoral, en este caso del referendo
revocatorio consagrado en el artículo 72 de la Constitución, para nuevamente
adecuar las aspiraciones colectivas a la estructuración del poder político. Sin
embargo, hay que destacar que la mayor parte de esa experiencia electoral
transcurrió en el contexto de la llamada democracia puntofijista, que
con todas sus limitaciones, funcionó sobre la base del respeto de las reglas del
juego democrático y de la valoración del mecanismo electoral como fórmula
privilegiada para dirimir las controversias societales. A su vez la experiencia
comicial reciente de 1998 al año 2000 tuvo lugar en un ambiente favorable a los
actuales ocupantes del poder, que hicieron un uso intensivo del mismo, cuando
el ánimo colectivo le era abiertamente propicio. En ese sentido, llama la
atención el contraste entre las enormes dificultades confrontadas hasta el
presente y que presumiblemente podrán encontrarse en la ruta hacia el referendo
revocatorio, y la relativa facilidad con laque se convocaron los 5 procesos
comiciales ocurridos en el país entre 1999 y 2000.
Dado el carácter del proyecto
político promovido por el presidente Chávez y sus aliados, y la evaluación de
su estilo político y de gobierno después de cerca de 5 años de gobierno, luce
improbable que estén dispuestos a abandonar el poder de manera pacífica, legal
y democrática, como consecuencia de una nueva medición del ánimo colectivo
mediante un próximo proceso comicial. Cuando el ánimo colectivo se tornó
desfavorable a los actuales ocupantes del poder, las iniciativas electorales
han sido sistemáticamente bloqueadas, contando con el control que aun ejercen
sobre las palancas fundamentales de toma de decisiones en los poderes públicos.
Se trata de unos actores políticos y de un proyecto cualitativamente diferentes
a aquellos que guiaron la democracia venezolana desde 1958 hasta 1998. Para los
actuales ocupantes del poder el compromiso con la democracia luce
circunstancial y asociado a sus posibilidades de mantenerse en el poder.
Gobierno por y para el soberano o gobierno versus el
soberano
Desde el intento de golpe del 4 de
febrero de 1992 se retomó la posibilidad de apelar al golpe de estado para
generar cambios rápidos y drásticos en la correlación de fuerzas, tal como se
ha evidenciado con la glorificación oficialista de esa fecha, o con el rumbo
que tomó la protesta cívica del 11 de abril de 2002 y que derivó en la
usurpación del poder por parte de un pequeño grupo de civiles y militares. Pero
también se ha materializado en algunos sectores en una visión utilitaria de los
procesos electorales, que consideran que pueden ser una vía más eficaz para
lograr lo que no puede obtenerse mediante un golpe, sin asumir un compromiso
cabal con la democracia, sus procesos y sus instituciones.
La reciente dinámica sociopolítica
del país, caracterizada por la confrontación y la tensión, ha estado marcada
por esas tres tendencias: 1) la búsqueda de una adecuada correspondencia entre
las preferencias colectivas y los esquemas de representación, a partir del
compromiso sincero con las reglas del juego democrático y la promoción de
procesos electorales confiables y equitativos; 2) el uso acomodaticio del mecanismo
electoral, activado acomodaticiamente según las circunstancias, para promover
cambios o para proteger posiciones de poder; 3) la búsqueda del cambio de las
correlaciones de fuerza existentes a través del recurso del golpe de estado y
la violación del estado de derecho.
Visto en una perspectiva de mediano
plazo, la primera opción es claramente preferible a las otras y esa es la que
sistemáticamente ha escogido la sociedad venezolana, aun en las condiciones
adversas de Venezuela en las últimas décadas. No obstante, el proyecto
sociopolítico que se ha intentado implantar en el país a partir del ascenso de
Hugo Chávez al poder nació a partir de
una intentona golpista y con una visión utilitaria de la vía electoral. Ante el
fracaso de la vía golpista, las elecciones surgieron como un camino posible y
conveniente, pero asumido sin el consecuente compromiso con las reglas del
juego democrático y el respeto al pluralismo y al estado de derecho. Esa apelación
a las elecciones no supuso la renuncia sincera a la posibilidad de acudir a
fórmulas autoritarias y antidemocráticas para garantizar la permanencia en el
poder, sobre todo cuando el ánimo colectivo se torna desfavorable. Del amor al
soberano y sus expresiones electorales, parece haberse pasado al temor al
soberano y a sus expresiones electorales.
En el desenvolvimiento de este nuevo
capítulo del drama refrendario, sólo queda esperar que la coyuntura crítica que
se avecina pueda ser abordada mediante prácticas democráticas y electorales, y
que se produzca el ajuste deseado entre
el ánimo colectivo y las autoridades y correlaciones de fuerzas desde donde se
producen las decisiones que afectan al colectivo. Aun cuando el camino luce arduo, a lo largo de
los años de la presidencia de Chávez se han fortalecido las barreras
democráticas en contra de los intentos autoritarios de los actuales ocupantes
del poder. En la solución que la sociedad venezolano logre para superar su intensa crisis política y de
gobernabilidad, se pondrá a prueba el talante y la densidad democrática de la
sociedad venezolana, y del carácter democrático de los actuales ocupantes del
poder. Incluso será una oportunidad para poner a prueba la eficacia de la
comunidad internacional para contener gobiernos autoritarios y para promover
sociedades democráticas.
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